Un nuevo modelo contractual para mejorar las condiciones de los profesionales de la sanidad
Por Ramon Cunillera
Vocal de la Junta Directiva
Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria
El control de la enfermedad del Covid19, que no su desaparición, en los países occidentales europeos ha provocado un alud de propuestas y consideraciones sobre el futuro de los sistemas sanitarios, especialmente en los países en los que la cobertura universal de su sistema de salud es a la vez solución (por la garantía de equidad y de acceso) y problema (por la difícil sostenibilidad económica), como ocurre actualmente en España y en Cataluña.
Recientemente, la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria, los colegios catalanes de médicos y de enfermeras, y más de una decena de las más importantes sociedades científicas del país apoyaban una propuesta común de transformación del sistema sanitario del que se han hecho eco algunas editoriales de los periódicos más importantes, como La Vanguardia y el diario ARA. Dicha propuesta transversal, reflexiva, serena, pero al mismo tiempo urgente, recoge aspectos relacionados con la financiación del sistema, la gestión de las organizaciones, la mejora de la salud pública, la preparación ante futuras epidemias, con el acompañamiento a las personas mayores y con el modelo de contratación y retribución de los profesionales de la salud.
La situación contractual de los profesionales de la salud es un tema de largo debate en Cataluña. Lo fue durante los años 90, por la situación de los especialistas sin título oficial, lo continuó siendo por la situación de las interinidades (la eterna trampa de la ocupación pública) y la precariedad temporal de contratos, también lo fue durante la primera década del siglo XXI, cuando se organizaron los intensos y desaprovechados foros de la profesión médica y enfermera, y entró en una auténtica crisis en 2010, cuando los continuados ajustes recortan la capacidad adquisitiva de los profesionales entre el 20 y el 30%, en los últimos ocho años.
Finalmente, el hecho de tener que enfrentarse a una crisis sanitaria inédita, de afectación universal y trágica, pone de manifiesto que la salud es demasiado importante, que los profesionales de la salud están en el primer lugar y entre las profesiones imprescindibles en una sociedad moderna y que cuando comparamos la remuneración ajustada al nivel de vida de los profesionales catalanes (y españoles) con los países de nuestro alrededor, la comparación da vergüenza.
Por todo ello, sería imperdonable no afrontar el reto de la transformación y la mejora del modelo contractual de los profesionales de la sanidad pública, porque seguramente nunca como ahora se había dado una situación tan confluente para implantar mejoras retributivas. Pero habrá que hacerlo con inteligencia, para promover el profesionalismo y recompensar más adecuadamente el esfuerzo y la efectividad. Si llegan más recursos, la oportunidad es magnífica para introducir cambios y dedicar más dinero a reconocer adecuadamente a quien más se lo merece. Todos los agentes tendrán que hacer un esfuerzo de adaptación y revisar principios para mirar hacia el futuro, porque nada es más inequitativo que tratar igual a quienes son diferentes.
Los modelos estatutarios y uniformadores son caducos, tenían vigencia seguramente hace 60 años ante la necesidad de mantener un sistema estructuralmente muy frágil que requería una fuerte estabilidad administrativa. Es evidente que hoy las organizaciones sanitarias son dinámicas por definición, necesitan desprenderse de carga burocrática y dedicar los esfuerzos a la innovación y al cambio, deben adaptarse para responder a las necesidades individuales y colectivas y deben evaluarse en base a los resultados. La relación que establecen estas organizaciones con sus profesionales debe ser coherente con este dinamismo, por lo que hay que aspirar a las mejores condiciones contractuales basadas en el mérito, la acreditación, la competencia y la capacidad experta.
Habrá que hacer un antes y un después de la transformación contractual, respetando derechos adquiridos del pasado, cuando los nombramientos daban condición de plaza en propiedad, y llevar a cabo las modificaciones legislativas oportunas para que en adelante se contrate con régimen laboral estable a los profesionales más adecuados en función de los perfiles necesarios, respetando los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia de los candidatos en las correspondientes convocatorias, que se tendrán que diseñar según las plazas a cubrir. Para que en la selección y evaluación de profesionales actúen decisivamente sus mandos y se garantice a través de mecanismos participativos (órganos colegiados) que el proceso sea siempre limpio.
Por último, los altos directivos de las organizaciones sanitarias deberían dejar de tener la consideración administrativa de altos cargos de la administración a la que pertenecen las entidades que los contratan, motivo por el que se asimilan de forma muy injusta a cargos electos o de responsabilidad política que les obliga de forma impropia al cumplimiento de códigos pensados para estos últimos. Los directivos deben ser profesionales seleccionados y evaluados por sus méritos basados en criterios de gestión y de resultado, deben cumplir el código de conducta propio de la entidad que los contrata y su nombramiento debe responder a la confianza de su órgano rector, que evidentemente podrá decaer a consecuencia del incumplimiento de objetivos en su obligado rendimiento de cuentas.
Tras la peor epidemia vivida desde hace 100 años, en pocos momentos como el actual había sido más justificado afrontar mejores condiciones para los profesionales de la salud con gran parte de la opinión pública apoyando dicha necesidad. Para abordarlo, los presupuestos gubernamentales deberán encontrar los recursos adicionales necesarios y hacerlo de manera urgente. Al mismo tiempo todos los agentes del sector público deberán estar a la altura, impulsando prácticas clínicas de valor y transformando la administración pública sanitaria hacia un modelo más profesional e innovador, cuestión que tampoco
