Para que la gestión nos importe a todos

Vicente OrtúnPor Vicente Ortún

Catedrático Emérito Economía y Empresa, Universidad Pompeu Fabra

Vocal Junta Directiva Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria

‘La gestión importa’ da título al blog. Curiosamente el aldabonazo científico a este lema resulta relativamente reciente: Se sabía que la gestión importaba pero tanto las medidas de la calidad de la gestión como de su impacto en el buen funcionamiento de diferentes países deben mucho al World Management Survey, ya en este siglo.

Las 25 propuestas de la SCGS insisten en la importancia de la gestión al proponer que la capacidad resolutiva mostrada durante la primera fase de la pandemia actual y la agilización de procedimientos que el estado de excepción ha permitido no desaparezcan con éste. Diversas entradas han profundizado en cómo hacerlo: Antoni Sisó, Olga Pané y Julio Pascual, y Ricard Meneu et al. entre otros. Estas líneas se centraran en dos avenidas que deberían llevarnos a que la gestión nos importe a todos: 1/ Que se hable de resultados en salud y bienestar (aquello que preocupa a la sociedad) y 2/ Centrarse en la mejora de la gestión pública.

1/ Resultados en salud y bienestar a través de la inversión en capital humano, físico y organizativo. Las muy justificadas reclamaciones de todos aquellos entre nosotros para quienes el gasto sanitario es un ingreso, incluso la comprensible preocupación por el ‘qué hay de lo mío’, han de pasar el cedazo de la utilidad social -cartera de servicios priorizada democráticamente con la ayuda de los criterios de coste-efectividad e impacto presupuestario- para recibir financiación pública compitiendo con otras finalidades sociales e incluso con otras formas de mejorar la salud (tipo una educación que funcione). Ciertamente, la sanidad es la princesa de nuestro Estado de Bienestar, además de sector muy innovador, pero no conviene mirarse el ombligo en exceso si no queremos regresar al esquema benéfico-privado del que procedemos.

España finalizará este 2020 con una deuda pública equivalente al 120% de su PIB. Las compras masivas de deuda estatal por parte del Banco Central Europeo aseguran que las primas de riesgo no se disparen. La Unión Europea ya ha acordado dos programas: el SURE, fundamental para mantener el empleo, y los créditos MEDE. Se dispondrá, por tanto, de capacidad tanto cubrir los gastos extraordinarios originados por la pandemia como para financiar el déficit público durante este año y el próximo.

Está por otra parte el Plan Next Generation de la UE que reunirá fondos elevando temporalmente el límite máximo de los recursos propios hasta el 2 % de la renta nacional bruta de la UE, lo que permitirá a la Comisión hacer uso de su potente calificación crediticia para tomar prestados 750 000 millones de euros en los mercados financieros. Esta financiación adicional se canalizará a través de los programas de la UE y se reembolsará a lo largo de un período de tiempo prolongado mediante los futuros presupuestos de la UE, no antes de 2028 ni después de 2058. La negociación de este Plan no terminará hasta después del verano, bajo presidencia alemana, y su implementación comenzará a partir del segundo semestre del 2020 y plenamente en 2021.

España se enfrenta a esta crisis sanitaria sin haber resuelto la crisis fiscal generada en 2008. Desde el año 2014, el déficit estructural –el que tendríamos si la economía funcionara a pleno rendimiento- no ha parado de aumentar. Nadie se ha tomado en serie la reducción del déficit pero habrá que hacerlo. No será este año ni el que viene pero la deuda no puede acumularse indefinidamente y mucho menos consolidar de manera permanente gasto público financiado con ingresos extraordinarios y temporales. Ciertamente España ya lo hizo a principios de este siglo al aumentar el gasto corriente financiándolo con ingresos transitorios derivados del boom de la construcción. Llega la crisis del 2008: los ingresos desaparecen y los gastos continúan. No puede volver a ocurrir lo mismo entre otras cosas porque ya no tenemos aquel 40% de deuda pública sobre PIB de finales del 2008 y el desastre fiscal que se derivaría de volver a financiar con ingresos transitorios, tipo Mecanismo Europeo De Estabilidad, gastos extraordinarios diferentes a los directamente originados por la pandemia o los ERTO, desestabilizaría gravemente el país.

Se trata pues no tanto de subir generalizadamente los sueldos y contratar personal sino de efectuar inversiones en capital humano, capital físico  y organizativo, con un período de inicio y otro de final (no adquieren carácter permanente) y que, bien escogidas, ayudan a subir la productividad total de los factores, el talón de Aquiles de nuestra economía.

2/ La mejora de la gestión pública.

En nuestra sanidad coexiste la gestión directa de servicios -con una muy ligera incorporación de nuevas formas de gestión, tales como consorcios, fundaciones o sociedades mercantiles públicas- con la gestión indirecta de servicios mediante, sobre todo, conciertos y, muy secundariamente, concesiones de obra y concesiones administrativas, mecanismos de compra pública innovadora y contratos de riesgo compartido. En general, se puede afirmar que no se ha cogido por los cuernos el toro de la reforma de la administración pública con un derecho público inadecuado para la prestación de servicios sanitarios, cuando se sabe que una mayor autonomía de gestión y la personalidad jurídica propia favorecen la eficiencia. Esta rigidez se adapta mal a la misión y las necesidades de los servicios sanitarios modernos, y conduce paradójicamente a un alto nivel de empleo inestable, abuso generalizado de contratos temporales y ausencia de la necesaria longitudinalidad, esencial en la atención primaria. Las pandemias y, sobre todo, la inevitable transición energética exigen no tanto más Estado como mejor Estado. Nos hace falta tanto para la provisión de servicios sanitarios –empezando por el Instituto Catalán de la Salud, principal activo asistencial en Cataluña- como para una contratación efectiva y no corrupta, cuando convenga, con organizaciones sanitarias privadas. Puede hacerse pero no será fácil cambiar a un marco de autonomía responsable, pues para vencer conservadurismos y propiciar una mejor gestión pública, como la de Dinamarca… o Portugal, se precisa de una mejor política. Si la imparcialidad, calidad regulatoria, efectividad gubernamental, control de la corrupción, respeto a la ley, -buen gobierno en suma, ya sabíamos era la auténtica riqueza de las naciones, ahora, cuando se precisa de mejor Estado, esa mejora de la gestión pública –de las que la regulación y gestión clínica y sanitaria podrían ser paladines- se ha convertido casi en clave definitoria de nuestro futuro.